En un movimiento estratégico para contener el severo déficit asistencial que atraviesa el país, el Gobierno de Costa Rica oficializó un plan de contingencia destinado a blindar el sistema de emergencias. La iniciativa prevé un desembolso de aproximadamente ₡1,500 millones (USD 3.2 millones) para la Cruz Roja Costarricense, junto con la adquisición de 40 ambulancias totalmente equipadas que pasarán a reforzar las operaciones del Cuerpo de Bomberos.

La asistencia estatal arriba en el momento más crítico para la entidad humanitaria. Según reportes institucionales, 66 de sus 134 comités registran severos desequilibrios financieros, al punto de correr el riesgo inminente de recortar servicios e incluso cerrar sedes a mediano plazo si no obtienen recursos frescos.

Sostener la operatividad básica en el territorio costarricense demanda un presupuesto anual de casi ₡25,000 millones (USD 54 millones). De dicho monto, únicamente el 40% proviene de fondos públicos, mientras que el restante 60% depende de aportes privados, campañas de recaudación y donaciones. Esta vulnerabilidad ya golpeó a localidades como San Pablo y San Rafael de Heredia, cuyos comités debieron suspender actividades en el marco de una reestructuración general, al tiempo que otras seis filiales de esa misma provincia permanecen en estado crítico.

A julio de 2026, la Cruz Roja arrastraba un desfasaje financiero cercano a los ₡943 millones (USD 2 millones) para culminar el año operativo. Asimismo, el balance preliminar del 2025 ya había arrojado un saldo negativo de ₡1,400 millones (USD 3 millones), provocado por la creciente complejidad de los siniestros atendidos y un presupuesto que quedó desfasado de la realidad.

Actualmente, el organismo atiende un promedio de 500,000 llamadas de auxilio al año —aproximadamente una por minuto—, enfrentando costos desorbitados en el despliegue de personal y logística especializada para accidentes graves y episodios violentos. El caso del comité de Orotina refleja esta parálisis: con apenas una ambulancia y cuatro empleados para turnos rotativos, deben responder a 17 emergencias por día y resguardar a más de 35,000 habitantes.

Ante este panorama, la presidenta Laura Fernández respaldó la intervención pública al señalar que la labor humanitaria trasciende la naturaleza jurídica de la organización: “El hecho de que sea una entidad privada no significa que el fin público que cumple a mí no me preocupe”, aseveró. Fernández confirmó que dio órdenes expresas al Ministerio de Hacienda para tramitar una modificación presupuestaria que garantice la transferencia de los ₡1,500 millones, los cuales estarán sujetos a las auditorías correspondientes de la legislación local.

En forma paralela, el Instituto Nacional de Seguros (INS) cerró la adjudicación para adquirir 40 nuevas unidades móviles asignadas al Cuerpo de Bomberos. La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, adelantó que la meta es desplegarlas en las calles hacia febrero de 2027.

Esta ampliación del servicio prehospitalario se financiará con el 4% de las primas de seguros que por ley perciben los bomberos, garantizando costo cero para la población. “Este servicio que le vamos a dar a todos los costarricenses no le va a costar un cinco más a los costarricenses”, remarcó Chacón.

Para hacer más eficiente la infraestructura, el Cuerpo de Bomberos utilizará su red actual de 79 estaciones en todo el país sin necesidad de construir nuevas bases. La estrategia apunta además a evitar la duplicidad de recursos en accidentes vehiculares con personas atrapadas, permitiendo que las dotaciones realicen la extracción y posterior traslado sanitario de manera integral.

Con información de Infobae.