A un siglo del nacimiento de Michel Foucault, el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en Argentina cobra una vigencia ineludible. Frente a la reciente reforma que redujo la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años, resulta oportuno cruzar las ideas del pensador francés con las de Gary Becker, Premio Nobel de Economía y referente en el estudio de la economía del delito.

El escenario institucional cambió sustancialmente cuando en 2026 el Congreso aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil, fijando el inicio de la responsabilidad penal a los 14 años con la promesa de enfocar sus esfuerzos en la educación, la resocialización, la responsabilización y la integración social del adolescente.

Desde la mirada de Becker, la conducta delictiva responde directamente a incentivos. La clave del éxito no radica en encarcelar de manera masiva, sino en lograr que el delito no se ejecute mediante un sistema disuasivo eficaz. Para el economista, la certeza de la sanción pesa más que la severidad del castigo. Las estadísticas nacionales respaldan esta preocupación: durante 2023 se contabilizaron más de 870.000 robos y hurtos en Argentina, frente a apenas 29.382 sentencias condenatorias por delitos contra la propiedad. Esta grieta profunda entre hechos y condenas demuestra que la baja probabilidad de castigo incentiva el delito.

La reforma altera esa ecuación de costo para los menores, pero también impacta en los adultos. Al judicializar de forma efectiva a jóvenes de 14 y 15 años, desarticula el incentivo que lleva a mayores e incluso a integrantes del propio entorno familiar a utilizar a menores como escudos de impunidad.

Sin embargo, Foucault introduce una advertencia indispensable sobre la institución penitenciaria. El filósofo recordaba que “las cárceles surgieron, entre otras cosas, con la promesa de corregir al delincuente y permitir posteriormente su reinserción”, aunque sentenciaba que “cuanto más tiempo se está en la prisión menos se reeduca el individuo y más delincuente se vuelve”. Si la entrada al sistema penal interrumpe la escolaridad y margina laboral y socialmente al menor, la intervención estatal terminará profundizando el problema que pretendía corregir.

El desenlace de esta política pública no debe medirse por el nivel de hacinamiento carcelario, sino por su capacidad real de evitar que más jóvenes ingresen al circuito delictivo sin aumentar la reincidencia.

Con información de Revista Noticias.