El Gobierno nacional que encabeza Javier Milei formaliza esta semana una fuerte embestida diplomática y legal en el ámbito internacional. Tras el vencimiento del plazo otorgado a Londres hasta este lunes 12 de octubre para frenar de manera preventiva el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en aguas adyacentes a las Islas Malvinas, la Casa Rosada activará una presentación formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, emplazado en Hamburgo, Alemania.

La estrategia argentina busca que el organismo dicte medidas cautelares urgentes para paralizar el emprendimiento extractivo, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. El yacimiento, bajo control del consorcio integrado por la firma israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), alberga reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de crudo. Según la hoja de ruta de las empresas, las perforaciones comenzarían en 2027 con miras a iniciar la comercialización en 2028.

Desde la perspectiva de la diplomacia nacional, cualquier explotación de recursos sin la autorización explícita de Buenos Aires vulnera la soberanía sobre un territorio bajo ocupación británica desde 1833. Por ello, el pasado 28 de septiembre, el Presidente ordenó recurrir al sistema arbitral contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, concediendo un ultimátum a Gran Bretaña que expiró formalmente.

La respuesta de Whitehall no se hizo esperar: el 30 de septiembre, el Reino Unido rechazó tajantemente la vía arbitral impulsada por la Casa Rosada y aseveró que las tareas hidrocarburíferas se ajustan estrictamente al derecho internacional y a las normas locales de las islas. Pese a ese rechazo y al escepticismo de la administración isleña, el reclamo argentino ya cosechó sus primeros efectos prácticos: la firma estadounidense Halliburton anunció que sus filiales no prestarán asistencia técnica al proyecto, mientras que la propia Navitas reconoció complicaciones para concretar contratos clave.

Para fundamentar su reclamo en Alemania, la Cancillería apela a las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, las cuales prohíben la adopción de medidas unilaterales mientras persista una disputa de soberanía no resuelta. Como antecedente de peso resalta la presentación efectuada en 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el mismo tribunal con sede en Hamburgo dispuso en un mes la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana.

Aunque la corte de Hamburgo carece de competencia directa para expedirse sobre el fondo de la soberanía de las Islas Malvinas —conflicto bélico mediante en 1982—, la diplomacia argentina apuesta a demostrar el incumplimiento de los tratados marítimos internacionales, en una disputa que suma ademanes de tensión regional con la búsqueda de acuerdos comerciales isleños en la ciudad chilena de Punta Arenas.

Con información de A24.