El debate alrededor del futuro del sistema ferroviario argentino sumó una fuerte postura desde el interior profundo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, utilizó sus redes sociales para sentar una firme posición frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de privatizar el tren Belgrano Cargas, remarcando que el desarrollo regional no puede quedar al margen de las prioridades contractuales.
Bajo la consigna "Salta y el norte argentino no pueden seguir esperando", el mandatario difundió un mensaje audiovisual donde apuntó directamente a las condiciones de la licitación oficial. Sáenz advirtió sobre el peligro de dejar fuera de los compromisos vinculantes a trazados estratégicos como los ramales C-14 y C-15.
"Los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas no pueden quedar sujetos a la voluntad de unas pocas empresas. Las obras deben ser incluidas como obligatorias, y no como optativas, en los pliegos de licitación. Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción", enfatizó el mandatario salteño.
En la misma declaración, el jefe provincial profundizó su análisis sobre la disparidad territorial: "La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte. Es con infraestructura, transporte y tecnología como vamos a desarrollarnos, y no con más impuestos a la distancia. Junto a los sectores productivos y empresariales de Salta, estamos unidos en este reclamo. Convoco también a los legisladores nacionales y a los representantes del Norte Grande a acompañarnos".
La controversia surge tras el anuncio de la gestión del presidente Javier Milei para licitar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza por un período de 50 años. El proyecto, anunciado para agosto de 2026 y enmarcado en las facultades otorgadas por la Ley Bases, abarca 7.594 kilómetros de vías operativas en 16 provincias, conectando zonas claves de la producción nacional con pasos fronterizos hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Desde la Casa Rosada sostienen que la privatización es indispensable para revertir un sistema estatal deficitario. Según las cifras del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte, durante el año 2023 el Estado desembolsó 112 millones de dólares para mantener operativa la empresa Belgrano Cargas y Logística, sin lograr revertir el estancamiento en el volumen de carga transportada. La propuesta oficial contempla inversiones mínimas de 200 millones de dólares en renovación de vías para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de penalidades por incumplimiento y la apertura a que terceros operadores utilicen la red sin exclusividad comercial.
Sin embargo, la principal inquietud en las provincias norteñas radica en qué tramos serán priorizados por las firmas privadas. El ramal C-14 une Salta con el paso internacional Socompa, límite con Chile, siendo un corredor vital hacia los puertos del Océano Pacífico para la minería y la agroindustria. En tanto, el ramal C-15 conecta Perico (Jujuy) con Embarcación y Salvador Mazza (Salta) hasta la frontera con Bolivia, articulando el transporte de caña de azúcar, productos agrícolas, biocombustibles y derivados industriales.
Si la restauración de estas vías queda planteada como un ítem optativo y no exigible, los sectores productivos temen que los adjudicatarios aboquen sus recursos únicamente a los trayectos más rentables del centro del país. Esta situación obligaría a mantener el transporte pesado en camiones, encareciendo fletes, desgastando rutas y mermando la competitividad de las economías regionales durante las próximas cinco décadas.
Frente a este escenario, Sáenz logró consolidar un frente común con el sector empresarial local. La Mesa Empresaria y Productiva de Salta —integrada por la Cámara de Minería, CAPEMISA, la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Comercio Exterior, la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Unión Industrial de Salta— respaldó institucionalmente el reclamo, al tiempo que se convocó a legisladores y gobernadores del Norte Grande para defender de forma unificada las obras clave de la región.
Con información de Revista Noticias.