El Gobierno de la Nación intensificó su ofensiva diplomática y jurídica contra el Reino Unido con el objetivo de paralizar las actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas. Tras cumplirse el plazo de dos semanas otorgado para suspender los trabajos en el proyecto petrolero denominado Sea Lion, la Cancillería formalizó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
La decisión oficial fue anunciada este martes a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente. La acción judicial busca frenar la extracción de crudo en la Cuenca Malvinas Norte y resguardar los derechos soberanos incontestables que la Argentina posee sobre su plataforma continental.
Esta presentación se suma al procedimiento de arbitraje iniciado por el país el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Desde la administración nacional sostienen que las concesiones otorgadas de forma unilateral por el Reino Unido profundizan un diferendo de soberanía explícitamente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
El Ejecutivo basó su solicitud en lo dispuesto por el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Este mecanismo faculta a las partes a recurrir al TIDM para requerir medidas de protección urgentes mientras termina de conformarse el tribunal arbitral que analizará el fondo de la cuestión.
Según lo establecido en los tratados internacionales, estas cautelares procuran prevenir daños graves al medio ambiente marino y salvaguardar los derechos en disputa mientras dure el litigio. Desde el Gobierno remarcaron que confían en que los organismos internacionales actuarán con absoluta independencia técnica y jurídica.
Por directiva explícita del presidente Javier Milei, los equipos legales del Estado y del Palacio San Martín continúan impulsando el esquema de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR. Este procedimiento se activa de manera supletoria debido a que ambos países no coincidieron en los foros elegidos: la Argentina prefería el TIDM o un tribunal especial del Anexo VIII para temas ambientales y pesqueros, mientras que el Reino Unido optaba por la Corte Internacional de Justicia.
De esta manera, el reclamo argentino se adentra en una compleja instancia procesal internacional, donde el tribunal arbitral será el encargado de resolver el diferendo de fondo, mientras que el TIDM deberá evaluar el cese inmediato de las operaciones petroleras en la zona disputada.
Con información de A24.